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Maracaibo, 23 de abril de 2022
Cortesía de Versión Final
El tamaño de la cartera de créditos de la banca nacional es de apenas el 0,82% del tamaño del PBI que estima el FMI para Venezuela, lo que se traduce en unos $370 millones que están muy lejos de hasta los $17.000 millones que podría requerir la economía para crecer.
El progreso de Venezuela se extiende en todos los campos de la economía, pero parte de una base tan reducida y diminuta, que todo avance se queda corto pese a que los porcentajes den la ilusión de un crecimiento importante.
Esto ocurre con el sector financiero. La banca mejora su situación con el pasar de los meses, pero no deja de estar en una situación precaria con la que apenas puede cumplir funciones básicas, reseñó Tal Cual.
De acuerdo con un informe de la consultora financiera GlobalScope, la cartera crediticia de la banca venezolana creció de manera importante en el transcurso del último año.
Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, la cartera de créditos habría aumentado su tamaño un 29,1%, una cifra que parece importante, pero que deja mucho que desear en términos nominales.
Datos del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que para el 15 de abril de 2021 la cartera de créditos de los bancos universales se estimaba en unos Bs 1.645 millones, lo que equivale a $371 millones.
En este sentido, pese al avance que ha evidenciado el crédito nacional ante unos años 2020 y 2021 en donde prácticamente no existieron los préstamos, todavía es una cantidad irrisoria para las necesidades del país.
Este déficit es responsabilidad directa del Gobierno, que ha llevado a cabo una política restrictiva y asfixiante para la banca nacional en su intento por contener la inflación. Su estrategia ha servido para desacelerar el incremento de precios en bolívares e incluso Venezuela abandonó oficialmente el sendero de la hiperinflación en enero de 2022. Pero las consecuencias de estas prácticas han sido nocivas para la economía.
Encaje legal: un problema sin respuesta
El viacrucis de la banca nacional es sin lugar a dudas la aplicación de altas tasas de encaje legal. En resumidas cuentas, el porcentaje que establezca el Gobierno es la cantidad de dinero dentro de las arcas del banco que no puede utilizarse, y de hecho deben enviar esa cantidad al BCV para que este custodie el dinero. Cuando no cumplen con las cuotas, son sancionados con más pagos, por lo que la banca está en constante deuda con el BCV.
Para la banca es un problema no poder mover el dinero, ya que su principal rol en la economía es cumplir con la intermediación bancaria. Es decir, custodian el dinero de sus clientes a través de depósitos, captaciones y afines, y utilizan esos fondos para asignar préstamos. Esos préstamos son devueltos con intereses, lo que le sirve a los bancos para financiarse y reponer el dinero tomado de los depósitos para que sus clientes accedan a sus fondos. El ahorrista es recompensado con tasas de interés por guardar su dinero en el banco.
Esta actividad no puede ser cumplida con una tasa alta de encaje, ya que la banca puede prestar una cantidad reducida de dinero y limitarse simplemente a custodiar los fondos. Esta práctica reduce la liquidez monetaria ya que reduce la creación de dinero del sistema financiero y disminuye el dinamismo del sistema económico nacional.
A partir de abril de 2020, apenas iniciada la gestión de la pandemia en Venezuela, el BCV ordenó aplicar un encaje legal del 93%. La banca solo podía movilizar un 7% del dinero en sus arcas.
En enero de 2021, el Gobierno decidió modificar la tasa a un 85% para dar un mayor margen a la intermediación bancaria, pero la imposibilidad de los bancos de cubrir con las cuotas los arrinconó a mantener un déficit de encaje cada vez mayor durante todo el año.
Esta situación cambió en 2022. El pasado 2 de febrero, Nicolás Maduro anunció que se reduciría el encaje legal a un 73% y prometió una expansión de la base crediticia en el país. De igual manera, autorizó que los bancos utilizaran un 10% de sus posiciones en divisas para otorgar préstamos.
Sin embargo, pese a que la medida fue tomada en febrero, no hay cambios sustanciales en la cartera crediticia desde noviembre del año pasado. En aquel momento se situaba en $364 millones y ahora se estima en $370 millones.
El cambio que sí ha sido notable a partir del anuncio es la reducción y desaparición en el déficit de encaje. Datos del BCV reflejan que desde enero de 2021 la banca no había tenido un saldo positivo en sus reservas bancarias excedentes, pero desde que se redujo la tasa de encaje legal, el déficit se ha reducido progresivamente hasta que el 1ro de abril mostró un saldo positivo.
Las reservas bancarias excedentes a la fecha del 15 de abril de 2022 son de Bs 320.389.378 ($72,8 millones). La cifra es reducida, pero representa un avance importante frente 14 meses de saldos adeudados al BCV y abre una puerta para que los créditos empiecen a fluir con mayor frecuencia.
Urgencia crediticia
Mientras la banca sortea sus problemas con un encaje legal que la ha oprimido durante los últimos dos años, el sector productivo se mantiene a la espera de créditos que les permitan incrementar su producción.
Es por eso que se registró un pequeño repunte de la economía venezolana hacia finales de 2021. La industria opera a un 27% de su capacidad, porcentaje más alto desde 2018 y tiene oportunidades de aumentar esa operatividad, pero se encuentran con una barrera imponente al acudir a un banco y salir con las manos vacías.
Según expertos, las necesidades crediticias del país podrían ubicarse en el orden de los $17.000 millones. El tamaño de la cartera crediticia actual es de apenas un 2,17%. Esta cantidad no está ni cerca de cubrir lo que requiere una economía que necesita crecimiento.
Una economía relativamente sana suele tener una cartera de créditos que varía en torno al 10% de su PIB. Si se toman en cuenta las cifras del FMI para la economía venezolana, el 10% del PIB que debería tener la cartera crediticia debería alcanzar los $4.489 millones.
Aunada a esta situación, el Gobierno no hace más que imponer cada vez más barreras al sector privado. Con la promulgación de la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) obligó a miles de comercios a cambiar de máquinas fiscales, lo que requiere inversiones de entre $600 y $1.000 por cada equipo.
A una semana de la entrada en vigencia de esta reforma, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, advertía sobre el inicio de las fiscalizaciones y pedía a las autoridades tributarias que comprendieran la situación, ya que muchas pequeñas y medianas empresas no podían adaptarse a la nueva normativa al no poseer los fondos suficientes para invertir y no tener acceso a créditos.
Pero más allá del sector comercio y de la industria —que necesita créditos para hacer inversiones que les permitan mejorar sus unidades de producción y no solo reponer inventario—, también debe cubrirse la necesidad del crédito al consumo.
El consumidor, el venezolano promedio, no tiene acceso a créditos de ningún tipo. Adquirir un electrodoméstico, un vehículo o una casa es prácticamente imposible para alguien que devenga un salario promedio y dependa únicamente de sus ingresos mensuales.
Todos los sectores de la economía requieren de préstamos y se mantienen a la espera de las promesas, ya que, al anunciar la última reducción de la tasa de encaje legal, los voceros oficiales se comprometieron a hacer revisiones periódicas para evaluar tasas menores. Hasta ahora, no hay mención alguna de una reducción del encaje legal ni de una política que permita recuperar el crédito en el país.
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